Advertencia de contenido: Este artículo describe un crimen real y es muy gráfico, por lo que puede herir la sensibilidad de algunas personas. Si esto te afecta, te recomiendo NO leerlo.
El pasado martes 25 de abril se dio a conocer la sentencia contra Felipe Rojas, condenado a presidio perpetuo calificado por el femicidio de Fernanda Maciel, cuyo caso mantuvo en vilo a todo Chile durante más de un año y seguramente pase a la historia como uno de los más macabros en la historia nacional. Un caso que desde que acaparó la atención de la prensa evidenció el doble estándar con el cual como sociedad tratamos la violencia contra las mujeres, especialmente las de estratos socioeconómicos más bajos, así como también lo que sucede con las víctimas no nacidas de crímenes como este.
Para resumir el caso, Fernanda era una joven de 21 años y estaba embarazada de ocho meses de su primera hija, una niña a la que ella y su pareja Luis Pettersen iban a llamar Josefa, cuando desapareció sin dejar rastro el 10 de febrero de 2018 desde su casa en Conchalí, una comuna popular de Santiago. Había salido a encontrarse con su vecino y amigo de infancia Felipe Rojas, a una bodega cercana que él estaba cuidando por un par de semanas, pero nunca volvió. Imágenes de una cámara de seguridad la mostraban cruzando la calle en dirección hacia la bodega, pero nadie la vio ni entrar ni salir. La desaparición se dio a conocer al público algunos días más tarde, solamente porque la madre y la pareja de Fernanda fueron personalmente a los medios de comunicación a pedir que se difundiera su foto. A los pocos días de esto, las sospechas recayeron sobre un taxista que había llevado a Fernanda a un control médico poco antes de que desapareciera, pero eso se descartó rápidamente. A los dos meses, la familia dio a conocer algunos de los últimos audios que había mandado Fernanda con la esperanza de conseguir información, pero sin éxito. También se aseguró que había sido vista en Bariloche, Argentina, pero finalmente resultó no ser ella. En octubre, Luis Pettersen y la madre de Fernanda recibieron una foto de una guagua que supuestamente era Josefa, de una persona anónima que aseguraba que Fernanda estaba con ella y que se había escapado por amenazas del taxista, que a esas alturas ya había sido absuelto de cualquier sospecha. Después se supo que Fernanda había sido amenazada de muerte por una mujer que la acusó de haber sido la amante de su pareja, miembro de un clan de narcotraficantes. En cuanto se supo, la mujer en cuestión apareció en televisión diciendo que Fernanda había destruido su familia, que se había involucrado con él sabiendo que tenía una pareja y dos hijos, y que ella “no era una blanca paloma”, lo que desató toda una ola de rumores sobre la posibilidad de que el narcotráfico estuviera involucrado en la desaparición de Fernanda, pero eso también se descartó. Mientras tanto, la bodega fue periciada cinco veces, por insistencia de la familia, pero todas de forma infructuosa.
No fue hasta el 25 de junio de 2019 cuando apareció el cuerpo de Fernanda, enterrado en la bodega, cubierto con cemento y cal, a escasos 60 metros de su casa. Horas después, gracias a la denuncia de su ex pareja, la policía detuvo a Felipe Rojas, que confesó haberla enterrado "por miedo" después de que ella muriera, según él, al caerse y golpearse en la sien contra una mesa. Sin embargo, esto no convenció a los investigadores, y a medida que pasaban las semanas, empezaron a salir a la luz los detalles de un escabroso crimen, que eran mucho más crudos de lo que cualquiera hubiera podido imaginarse. Fernanda había sido amarrada, violada y posteriormente estrangulada, para después ser envuelta en telas y enterrada, al parecer todavía con vida, con su guagua muerta entre las piernas porque mientras agonizaba se desencadenó el parto, algo que en la medicina forense se conoce como extrusión fetal post-mortem. Para terminar, tapó todo con cloro, cal y tierra (lo cual explica por qué los perros policiales no sintieron nada) y puso una losa de cemento encima del los cuerpos, reseteó el celular de Fernanda y se fue a venderlo a una feria. Las condiciones del hallazgo eran tan desgarradoras que mientras una periodista leía la noticia en televisión dijo que no podía decir en voz alta lo que había escuchado porque era demasiado gráfico.
Esto me lleva a una de los aspectos más indignantes de todo este asunto, y es cómo lo han tratado los medios de comunicación. Cuando ya se habían encontrado los cuerpos, TVN realizó un reportaje en el que se daba a conocer un perfil criminológico forense con datos sobre la personalidad de Fernanda, definiéndola como una persona "inestable" con un "nivel intelectual promedio", un "sentido de la realidad alterado" y “relaciones afectivas inestables", en un intento por explicar por qué la habrían asesinado. Esto llevó a que se realizaran más de 600 denuncias al Consejo Nacional de Televisión (CNTV), un número sin precedentes, y que el canal recibiera una multa de 150 UTM. Ya en un caso similar de unos años antes, Canal 13 había filtrado el peritaje ginecológico de otra víctima de violencia de género, también de clase social baja, pero que sobrevivió a su ataque y seguramente se enteró de esto, cosa que la revictimizó y le añadió aún más dolor al que ya había tenido que atravesar. De Fernanda, por su parte, se dijo absolutamente de todo: que la hija que esperaba no era de su pareja, que estaba involucrada con el crimen organizado o que simplemente había salido a carretear. En resumidas cuentas, que era puta, traficante y vividora. Yo personalmente sospecho por cómo se han cubierto casos anteriores que si la víctima de este crimen hubiera sido pudiente, inmediatamente hubieran tenido a todos los diarios y canales de televisión transmitiendo la búsqueda en vivo y en directo como si fuera cadena nacional, pero omitiendo lo de culpabilizar a la mujer que está desaparecida o muerta porque entonces arde Troya. Además, al haber más recursos de por medio, estoy segura de que la investigación se habría llevado a cabo de una forma mucho más adecuada, y no se habrían demorado tanto en encontrar a Fernanda. Por donde se le mire, el doble estándar que tenemos como sociedad y como país cuando se trata de víctimas de violencia, sobre todo de género, es absolutamente aberrante. Me acuerdo de cómo la gente se burló hasta el cansancio de la canción de Las Tesis que dice "y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía" con el argumento de que "no tenía valor artístico", y me doy cuenta de que en ningún momento fue la canción, sino el mensaje, lo que tan mal les cayó. Seguramente más de alguna persona se dio cuenta de su propia hipocresía, aunque lamentablemente la gran parte no ha cambiado nada y sigue alegando que las mujeres como Fernanda "se buscan" lo que les pasa por no venir de un medio "decente", porque ser pobre y ser de mal vivir parece ser la misma cosa.
Otra arista que vale la pena rescatar es cómo plantea un caso en defensa de la humanidad del ser humano gestado en el vientre materno. Josefa, aún antes de nacer, ya se había convertido en un miembro más de la familia, lo cual quedó en evidencia en varios momentos durante el transcurso del caso. El día en que las encontraron, la madre de Fernanda escribió en Facebook el mensaje "vuelen alto, princesitas mías", y meses después durante la formalización de Felipe Rojas, Luis Pettersen lo encaró y le gritó "mataste a mi hija" frente a las cámaras. Toda la familia llora dos muertes, pero para la sociedad y los medios, solamente importa una de ellas.
A Felipe Rojas se le imputaron los delitos de violación con homicidio, hurto simple (por el celular), inhumación ilegal y aborto, y aquí es donde quiero poner énfasis. Esto último fue posible solamente gracias a que la interrupción del embarazo es un delito en Chile. Si el país tuviera aborto legal, muy probablemente el asesinato de la pequeña Josefa quedaría impune e invisibilizado, porque su vida no sería considerada importante bajo la ley chilena, sino que solamente la de su mamá. Si el aborto fuera legal, la persona que agrede a una mujer embarazada causándole un aborto podría ser juzgada por lesiones graves o graves gravísimas a la madre, pero no por la muerte que provocó, que es la del feto. Esto dejaría sin justicia a familias víctimas de delitos violentos o accidentes que resulten en la muerte de hijos/as, nietos/as y hermanos/as que ya tenían un nombre, una pieza, una cuna y ropita escogida con entusiasmo y amor, cosa que, lamentablemente, sí ha llegado a pasar otras veces. Existen casos emblemáticos como el de Laci Peterson, mujer californiana asesinada por su esposo cuando también tenía ocho meses de embarazo en el año 2002. Este crimen fue especialmente icónico, ya que dio origen a la creación del Unborn Victims of Violence Act, una ley federal estadounidense que reconoce a un embrión o feto en el útero legalmente como víctima si resulta herido o fallecido a causa de un delito. También se me viene a la mente Anna Kirsopp-Lewis, una inglesa que murió en 2018 por culpa de un chofer que la chocó a exceso de velocidad cuando iba en camino a su último control, a dos semanas de su fecha de parto. La investigación declaró la muerte de Anna un homicidio involuntario, pero en ninguna parte del informe se mencionó a su hijo Oscar porque todavía no había nacido, algo que su familia ha luchado por cambiar en la legislación británica desde ese entonces. Ese mismo año ocurrió el caso de Krystil Kincaid, también embrazada de ocho meses de su hija Avalynn y también en California, que murió al ser embestida por un conductor que iba manejando bajo la influencia del alcohol. En este último caso, el propio juez lamentó haber tenido que condenarlo por cuasidelito de homicidio, porque en ese caso según la ley un feto no puede ser víctima. Si hubiera sido homicidio calificado, Avalynn habría sido considerada y habría enfrentado un cargo de homicidio doble, que podría haber resultado en cadena perpetua en vez de los escasos 10 años que recibió. Aquí en Chile, por otro lado, a raíz de lo sucedido con Fernanda, mucha gente se acordó del crimen de Tamara Lepe, que en 2011 fue asesinada a golpes con ocho meses de gestación en San Felipe. El autor fue condenado a 12 años de cárcel, una verdadera burla para la familia de Tamara, de los cuales cumplió apenas la mitad antes de salir en libertad condicional. ¿Y después se sorprenden de que hablemos de justicia patriarcal?
Luego está el problema de la violencia de género durante el embarazo. Volviendo a EE.UU., el país desarrollado que tiene la tasa más alta de mortalidad materna en el mundo, uno podría pensar que la principal causa de muerte en mujeres embarazadas es la preeclampsia, la diabetes gestacional o alguna otra complicación propia del embarazo, pero en realidad es el homicidio lo que encabeza la lista, con más muertes que las causadas por las tres condiciones obstétricas más comunes combinadas. Este dato deja en evidencia que el estar embarazada pone a las mujeres en una situación especialmente vulnerable frente a la violencia de género y, de hecho, un estudio del año pasado indica que las posibilidades que tiene una mujer de ser asesinada se duplican durante su periodo de gestación. La mayoría de las veces, quien lleva a cabo el crimen es el padre del hijo o hija que espera la víctima, dentro de un contexto de violencia intrafamiliar y para no tener que hacerse cargo de sus responsabilidades parentales como pagar manutención. Por esto es que también hay un sinnúmero de casos de mujeres a las que la pareja les ha metido misotrol en el té o en el jugo sin que se dieran cuenta, o se los dio bajo el pretexto de que son vitaminas prenatales, para causarles la pérdida del embarazo, algo que aumenta drásticamente cuando el misotrol es de venta libre o de fácil acceso en el mercado negro. Por lo mismo, resulta alarmante que este año, de las 42 investigaciones que se han aborto fuera de la ley, 19 correspondan a interrupciones de embarazo realizadas sin consentimiento. Igualmente, de las 49 que se han cerrado, 23 son abortos que se llevaron a cabo contra la voluntad de la mujer gestante.
El caso de Fernanda nos deja a todos con un mal sabor de boca. Pasaron tres años de este crimen para que se hiciera la reconstitución de escena, y cinco años para que hubiera una sentencia. Al final, creo que a todos y a todas nos queda la interrogante del por qué. La mayoría de las veces se asesina por celos, por dinero, por venganza, por cualquier cosa. ¿Pero esto? Quizás lo más triste para mí, que siempre necesito entender las cosas, es que en este caso parece no haber habido motivo alguno para que Felipe Rojas hiciera lo que hizo. Probablemente no lo sepa ni él mismo. Lo que sí sabemos es que no solamente privó a Fernanda de ver crecer a su hija, sino también le quitó a Josefa la oportunidad de nacer, de ver el mundo, de decir sus primeras palabras, de dar sus primeros pasos. Nunca vamos a saber en qué tipo de persona se habría convertido, porque el supuesto mejor amigo de su mamá le quitó todo el futuro que tenía por delante. Me queda el consuelo de que se hizo justicia por las dos vidas, y que el hombre que las asesinó no va a poder hacerle daño a nadie más.
En palabras de Verónica Camargo, la madre de la adolescente embarazada cuyo asesinato dio origen al movimiento Ni Una Menos, "al decir ni una menos el bebé también es menos".
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